¿Cómo entiende el “Pueblo” la democracia protagónica? Resultados de una encuesta

Por
Daniel Hellinger
Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Webster (St. Louis, EE.UU.), co-editor (con Steve Ellner) de Venezuelan Politics in the Chávez Era (2003) y autor de Venezuela: Tarnished Democracy (1991).hellindc@webster.edu

Resumen
Este artículo se basa en los resultados de una investigación realizada en el verano del 2006 en barrios y urbanizaciones de Caracas conocidos por sus niveles relativamente altos de organización popular. Encontró que los venezolanos valorizan las normas asociadas tanto con la democracia representativa como con la participativa. Residentes de los barrios valorizan la inclusión social más que aquellos de las urbanizaciones, mientras que los residents de clase media ponían mayor énfasis en la libertad de los medios de comunicación, tal como se había anticipado. Sin embargo, las diferencias eran menos marcadas de lo que se había anticipado. Ambos grupos mostraron un alto grado de tolerancia de la participación activa en reuniones públicas frente a aquellos expresando opiniones contrarias a las propias Estos resultados, tal vez sorprendentes, tomando en cuenta la polarización política tan radical de los últimos tiempos, parecen positivos para el funcionamiento de la democracia.
Palabras clave: Democracia, democracia representativa, democracia participativa, democracia protagónica, Encuesta, Venezuela.

How do People Understand Protagonistic Democracy? The Results of a Survey

Abstract
Survey research conducted in summer 2006 in barrios and urbanizaciones known for relatively high levels of popular organization finds that Venezuelans value both norms associated with pluralist democracy and participatory democracy. Barrio residents valued social inclusion more often than residents from middle class areas, and residents of middle class areas valued media freedom more highly, as hypothesized. However, the differences were not as great as expected. Both groups showed a high degree of tolerance for allowing political opponents to speak and participate in public meetings. These findings, somewhat surprising given the highly polarized political situation, are positive for either conception of democracy. Residents of the barrios, where support for President Chavez was, as expected, heavily concentrated, did show great enthusiasm for more radical worker democracy schemes, which may have contributed to the defeat of the constitutional reform proposals a year later.
Key Words: Democracy, Representative Democracy, Participative Democracy, Survey, Venezuela.

La Constitución venezolana de 1999 declara que la República Bolivariana tendrá un gobierno que “es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables” (Artículo 6). Tanto en la letra como en el espíritu, los miembros de la Asamblea Constituyente buscaban limitar las tendencias oligárquicas que habían socavado la Carta Magna de 1961. Considerando inadecuado el sistema tradicional de checks and balances incorporado a las Constituciones liberales para lograr esto, intentaron institucionalizar una serie de mecanismos de participación para cumplir esta función. Confiaban en que el “pueblo” jugaría un papel activo, tanto en la formulación de políticas como en el control de quienes mandaban en su nombre. Los ciudadanos, que no habían sido considerados más que consumidores pasivos de la política, con la limitada función de cambiar el gobierno periódicamente a través de las elecciones, fueron considerados ahora verdaderos “protagonistas” en los asuntos de Estado.
En diciembre de 2007, un año después de haber sido reelecto el presidente Chávez con una mayoría aplastante, el electorado venezolano rechazó por un estrecho margen dos paquetes de propuestas de reforma de la Constitución de 1999. Entre las reformas propuestas estaban la denominación de la República como “socialista”, nuevas formas de propiedad cuyo propósito sería sentar las bases legales para modificar las relaciones de producción y desarrollar sectores “endógenos” de la economía (sin abolir la propiedad privada) y cambiar la “geometría del Estado”, incluyendo la institucionalización de una red de consejos comunales compuestos por voceros de movimientos locales y organizaciones populares.
Se han dado varias explicaciones sobre este rechazo a la propuesta. Chávez mismo ha sostenido que fue demasiado rápido con su idea de introducir el socialismo, haciéndolo antes de que el pueblo estuviera lo suficientemente “maduro” para abrazarlo. En todo caso, como la propuesta era múltiple y notablemente compleja, y la campaña asumió rasgos más bien plebiscitarios, el resultado mismo tiene un valor limitado para sacar conclusiones respecto a la manera como los venezolanos conciben la democracia hoy en día. Este artículo representa un primer intento de examinar concepciones populares sobre democracia y participación entre los venezolanos corrientes, en comunidades conocidas por su activismo político –donde se podría suponer que los principios de democracia participativa tendría una acogida particularmente fuerte.
Representación, participación y democracia
El partido, el Estado y la economía que Chávez aspira construir tienen como objetivo negar la “ley de hierro” de Michel (1915), según la cual “Quien dice organización, dice oligarquía”. En lugar de refutar el planteamiento de Michel, la escuela pluralista insiste en que la competencia entre elites, dentro del marco de reglas del juego constitucionales de tipo liberal (sufragio universal, libertades civiles, elecciones periódicas, checks and balances, etc.), hace posible la democracia (Dahl, 1971). Los venezolanos, o por lo menos aquellos que son chavistas, como consecuencia de su prolongada experiencia con una democracia dominada por los partidos (Hellinger, 2005; Karl, 1997), parecieran favorecer una limitación al poder de las elites a través de la participación popular y no simplemente sobre la base de la competencia.
El hecho de que los delegados a los consejos comunales se llamen “voceros” y no “representantes” sugiere cómo la Constitución y las posteriores leyes intentan articular dos filosofías distintas –la participativa y la representativa– e integrarlas. Al referirse a “voceros”, se está adelantando un discurso sobre el poder popular. En cierto sentido, de manera parecida a como hacen los evangélicos, que buscan eliminar los intermediarios entre Dios y los creyentes (ver Smilde, 2004), los activistas chavistas parecieran querer eliminar los intermediarios entre el Estado y el soberano. El concepto de vocero se estableció formalmente por primera vez en la ley de 2002 de los Consejos Locales de Planificación, que estableció los consejos comunales. Esta ley y la de 2006 impusieron a los alcaldes, bajo la amenaza de multas de no cumplir, la obligación de consultar a los consejos comunales a través de un Consejo Municipal de Planificación.
Una vertiente de la literatura neomarxista, particularmente los escritos de Hart y Negri (2000 y 2004), propone que en el “socialismo del siglo XXI”, las organizaciones revolucionarias tendrían, como características básicas, redes horizontales impulsadas por cambios en el modo de producción y en la tecnología de la información. Muchas de las opiniones de militantes chavistas, registradas en aporrea.net, parecen confirmar esta hipótesis. Por ejemplo, Gustavo Fernández Colón, profesor de la Universidad de Carabobo, argumenta (2006a) que: “… el partido político es un engranaje fundamental del moribundo sistema de la democracia representativa y, en esa misma medida, es uno de los mayores obstáculos para la maduración orgánica de la participación y el protagonismo de las comunidades populares”. En otro escrito (2006b), el mismo Fernández Colón sostuvo que “La organización política de las sociedades socialistas del siglo XXI deberá parecerse más (…) a una confederación de comunidades o a una red de organizaciones sociales de diversa índole, con distintos intereses e ideologías (…) Deberá privilegiar la horizontalidad y el diálogo permanente como criterios orientadores de la construcción del nuevo Estado, y no la verticalidad y la homogeneización ideológica”2. La democracia representativa, tal como el neoliberalismo, se identifica en la mente de muchos militantes chavistas con la incapacidad de desarrollar un modelo económico inclusivo. Tienen mayor simpatía por las llamadas de Chávez a hacer crecer una economía social, donde vínculos de solidaridad entre los trabajadores reemplazarían las relaciones jerárquicas típicas tanto del sector privado como del estatal.
Los venezolanos enfrentan varios conocidos obstáculos para lograr una democracia protagónica. Algunos son bien conocidos en la literatura sobre la democracia. En una república grande, los ciudadanos no pueden concentrarse en un solo lugar para deliberar. Tampoco se puede lograr que todos se escuchen al mismo tiempo, lo que transforma el acceso a los medios de comunicación en fuente de desigualdades de poder. Esta investigación no tiene la pretensión de especular respecto a las posibilidades de que el proyecto tenga éxito. Puede ser que esto dependa, a fin de cuentas, no tanto de la calidad del liderazgo (o falta del mismo) por parte del Presidente de Venezuela, como del compromiso de los venezolanos corrientes para con los ideales asociados con la democracia protagónica.
En el mismo corazón del proyecto chavista para la democracia protagónica se encuentra la “geometría del Estado”, cuyo objetivo sería institucionalizar la influencia de los movimientos y las organizaciones populares a través de los consejos comunales; el desarrollo de una democracia social y económica a través de proyectos vinculados al “desarrollo endógeno” (cooperativas, microempresas, auto y cogestión en las fábricas) y la creación de un partido político capaz de cumplir tanto funciones de movilización social como las funciones legislativo-electorales más típicas de partidos en una democracia pluralista. ¿Cuáles son las experiencias que pudieran moldear las actitudes de los venezolanos corrientes frente a iniciativas democráticas de esta naturaleza?

El contexto del debate sobre la democracia en 2006
Durante los años 80 y 90 surgieron diversos movimientos con el propósito de proporcionar mayor sustancia a la dimensión democrática del Estado. Grupos de clase media, como “Queremos elegir”, promovieron reformas constitucionales que permitieran una representación uninominal, considerada un mecanismo capaz de superar la enorme brecha entre los electores y sus representantes que había resultado de la férrea disciplina partidista asociada con el sistema de representación proporcional sancionado en la Constitución de 1961. Muchos representantes en las legislaturas nacional y estadales, como también en muchas organizaciones sociales (asociaciones profesionales y sindicatos, por ejemplo), eran paracaidistas, políticos de otras regiones o sectores impuestos a los electores a través de un sistema comparable con la nomenclatura del comunismo de Europa del Este. Aun cuando la clase política aceptó algunos cambios significativos (por ejemplo, la elección directa de los gobernadores), que permitió el surgimiento de dirigentes nuevos y más independientes, el sistema de representación basado en listas partidistas era crucial para mantener disciplina en los partidos y, en consecuencia, para la preservación de la elite política.
Una clara indicación del grado de descontento con la democracia pluralista es la manera como los candidatos presidenciales más importantes en 1993 y 1998 evitaron identificarse con un partido, aun cuando estaban todos empeñados en construir uno, es decir, mientras que de la manera más clásica movilizaron apoyos para lograr el control del Estado. Sin embargo, estos “movimientos electorales” corresponden a la definición clásica que ofrece Duverger (1968, 1-2) del partido: tienen “como su objetivo central la conquista del poder o una participación en su ejercicio” e intentan “encontrar su apoyo en una base amplia (…) dentro del marco de la sociedad en su conjunto”. Los venezolanos puede que sientan un rechazo a los partidos, pero no han encontrado la manera de prescindir de ellos.
El MVR se fundó originalmente como un movimiento electoral encargado de movilizar al electorado para las elecciones de diciembre 1998. Desde el comienzo, el carácter organizacional del MVR estaba poco definido. Como movimiento electoral, era aparentemente una organización pragmática con objetivos electorales, y no se concibió como expresión de una “democracia protagónica”. Para disgusto de Chávez, el MVR parecía desarrollar las características típicas de los partidos tradicionales, atrayendo a los políticos profesionales y cumpliendo funciones de agregación política que difícilmente cuadraban con los procesos participativos y consultivos incorporados a la Constitución de 1999. Le corresponde al Presidente mismo algo de responsabilidad en ese desarrollo3, pues él optó por acelerar los aspectos sociales y económicos de su propuesta en noviembre 2001 a través de los decretos autorizados por la Asamblea Nacional, y no a través de consultas con la sociedad civil o una discusión popular. Chávez considera la manera en que aprovecha su capital político como democrática y no autocrática. El paquete de medidas populares decretado en esta ocasión, en todo caso, respondía más a una democracia para el pueblo, que a una del pueblo. Este patrón se repitió después en las elecciones de 2006, cuando la Asamblea Nacional nuevamente concedió al Presidente la autorización para introducir cambios por decreto.
Chávez ha estado experimentando constantemente y llamando a sus seguidores a fortalecer las organizaciones de base y luchar en contra de la tendencia hacia el burocratismo y la vuelta hacia las prácticas del puntofijismo. A finales de 2001, cuando inició una serie de “misiones” en salud, educación y en función del bienestar económico, el Presidente no solamente tenía como propósito recuperar su popularidad (en ese momento bastante deteriorada pero que se hubiera podido enfrentar con programas que involucraban puros gastos), sino también recuperar la vitalidad de su movimiento político. Al mismo tiempo consideró por un tiempo breve la posibilidad de resucitar el Movimiento Bolivariano Revolucionario para reemplazar al MVR como puntal básico de la revolución. Enfrentado con la realidad de un referendo revocatorio en el 2004, la aceleración de los programas sociales hacia finales de 2003 tenía como propósito no solamente ganar ese referendo, sino también estimular una movilización social que diera mayor consistencia a la democracia protagónica.
En todo caso, Chávez y sus seguidores no han podido prescindir de una organización que cumpla las funciones del partido político en una democracia pluralista, es decir, que haga las tareas de ganar las elecciones y organizar un bloque de apoyo en la Asamblea Nacional. Después del fracaso del MVR en responder adecuadamente al desafío del referendo durante 2003 y 2004, la tensión entre el bolivarianismo organizado como partido (o alianza de partidos) y como movimiento se hizo más tensa. De la misma manera en que la respuesta de las bases fue la que enfrentó con éxito el golpe en abril de 2002, frente al referendo de agosto de 2004 fueron las Unidades de Batalla Electoral (UBE) las que resultaron decisivas, encabezadas a menudo por líderes de las comunidades que despreciaban a todos los partidos políticos.
A pesar de que muchos líderes de las UBE querían primarias o alguna forma de selección popular de los candidatos, para las elecciones locales de octubre de 2004 los candidatos oficialistas fueron frecuentemente impuestos por los dirigentes de la alianza del Polo Patriótico, y hasta por el mismo Presidente. Tampoco en 2005, en el caso de las elecciones para la Asamblea Nacional, respondió la selección de los candidatos a criterios que dejaran contentos a los dirigentes de base. Primarias locales manipuladas y la necesidad de satisfacer los distintos intereses dentro de la alianza gobernante, han dejado demasiadas veces frustrados a los activistas locales y han contribuido al descontento con los partidos. En el transcurso de 2005, se argumentaba que era imprescindible mantener la disciplina partidista para poder lograr una mayoría en la Asamblea Nacional. Esta justificación del control burocrático se hizo aguas cuando, como consecuencia del boicot de la oposición, el Polo Patriótico, en particular el MVR, se quedó con el control absoluto de la Asamblea. Chávez había propuesto como objetivo lograr diez millones de votos. Aun cuando se quedó corto, ganó de manera aplastante (64% contra 36%) con una participación electoral que se había aumentado apreciablemente. Le pareció entonces a Chávez que el momento era apropiado para acelerar el ritmo de cambio y de movilización popular.
Liberado por el momento de cualquier amenaza a su hegemonía, el presidente Chávez anunció, con su acostumbrada audacia, el plan de crear el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), declarando en el acto que cualquier partido de la coalición de gobierno que se negara integrarse al nuevo partido quedaba excluido del gobierno. Uno de los motivos del Presidente para proponer la formación del partido era la necesidad de resolver la contradicción tan evidente entre una política de negociaciones, vinculada inevitablemente al problema del reparto de la torta y conflictos sobre cuotas de poder, por una parte, y la institucionalización de la democracia participativa, por la otra. Sin una oposición formal, se hacían más evidentes las luchas entre distintas fracciones dentro del bloque gobernante en la Asamblea. Al mismo tiempo, después del rechazo de la propuesta de reforma constitucional en diciembre de 2007, y con las elecciones estadales y municipales pendientes para noviembre de 2008, se impuso otra vez la urgencia de movilizar los votos.
Para resumir, la necesidad de ganar elecciones e imponer disciplina a una mayoría en la Asamblea parece requerir una organización partidista, pero queda por definir qué tipo de partido. Además, a pesar de que los venezolanos están evidentemente hartos de los partidos, ¿será cierto que están dispuestos a abandonar la política de partidos tal como funciona en un sistema pluralista, en una “poliarquía”?
En otro estudio (Hellinger, 2007), he examinado las discusiones entre activistas chavistas encontrando que en general están conformes con la manera como Chávez concibe la democracia protagónica pero, al mismo tiempo, están muy escépticos en torno al compromiso que tienen quienes rodean a Chávez para con este objetivo. Son celosos cuando se trata de preservar la autonomía de sus organizaciones y a veces expresan la disposición de retar al mismo Chávez si se le ocurre no cumplir con sus promesas. Sin embargo, hace falta entender cómo los venezolanos corrientes se relacionan con el proyecto bolivariano. Este estudio representa un primer intento de abordar el problema. Se llevó a cabo un año antes de que el Presidente lanzara la iniciativa que iba a marcar su segundo período como Presidente y representa un intento de medir cómo los venezolanos están pensando en torno al problema de la democracia. Puede ser que proporcione pistas para entender por qué el electorado rechazó la propuesta de reforma constitucional en diciembre de 2007. En todo caso, dejo a otros juzgar si este resultado reflejaba la “madurez” del electorado o, como sugirió Chávez, su ‘falta”.

Actitudes populares: hipótesis y métodos
En agosto de 2006, junto con el amigo Luis E. Lander, intentamos captar el estado de la opinión pública en sus dimensiones más complejas y dinámicas. Optamos por dedicar los escasos recursos con que contábamos a once barrios del país que se destacaban por su trayectoria de activismo y lucha. Elaboramos un cuestionario para tratar de descubrir las concepciones populares de democracia en aquellos barrios. Nuestra idea era dejar que expresaran sus opiniones sobre democracia, no simplemente medir sus respuestas contra alguna idea ya definida de lo que se entiende por democracia. Estos barrios se habían elegido precisamente porque parecían el tipo de comunidades organizadas y participativas que Chávez quisiera promover en el país entero. Para tener un punto de comparación, cubrimos un muestreo más reducido de seis urbanizaciones de clase media ubicadas en los mismos tres estados donde se ubicaban nuestros barrios.
Los datos para este estudio provienen de una encuesta aplicada entre el 1 y el 7 de agosto de 2006, financiada por el Programa de la Facultad de Financiamiento de Becas de la Universidad de Webster (EEUU). La encuesta se realizó tanto en los hogares, como en mercados y puntos de tránsito y se efectuó a través de la empresa especializada Imediospa.
Se abordaron simultáneamente dos muestreos: 550 residentes de 11 barrios en 3 estados distintos; y 300 residentes de 5 urbanizaciones de clase media en los mismo 3 estados. La muestra fue estratificada en todos los casos, controlada por edad y género. Al juntar los dos muestreos y tratarlos como si fueran un muestreo nacional de opinión, estarían sujetos a un margen de error de + 0 – 3,4%. Para nuestro muestreo de 550 residentes de los barrios, el error potencial sería de + 0 – 4,3 % y para los 300 residentes de las urbanizaciones, + 0 – 5,8%. Sin embargo, la combinación de la data de los barrios y las urbanizaciones no nos proporciona un verdadero muestreo nacional Hay una sobrerrepresentación, considerable y deliberada, de los residentes de las urbanizaciones, hecho con el propósito de tener un muestreo suficientemente amplio como para sacar conclusiones respecto a la perspectiva de la clase media sobre la democracia.
Nuestra encuesta se aplicó justo en el momento cuando la campaña presidencial comenzaba. Esto se hizo deliberadamente. Aspirábamos medir actitudes hacia la democracia antes de que se acentuara la polarización política a consecuencia de la misma campaña o de la amenaza de un boicot por parte de la oposición (cosa que finalmente no se produjo). El momento elegido nos pareció el más propicio para permitir calibrar cómo las actitudes hacia la democracia se encontraban afectadas por la experiencia de las nuevas iniciativas de participación, tales como las misiones y las mesas técnicas.
Nuestra hipótesis central era que los residentes de barrios conocidos por su activismo y organización debieran optar por criterios sobre la democracia que abarcaran participación e inclusión social. Los datos de las urbanizaciones nos ofrecían la oportunidad de entender hasta qué punto los ciudadanos residentes en lugares fuertemente opuestos al gobierno se oponen a las iniciativas chavistas, sobre todo cuando se trata de iniciativas vinculadas a una visión alternativa de democracia. Hasta cierto punto, la data de las urbanizaciones constituye un grupo de control para calibrar nuestra evaluación de las normas democráticas en los barrios. Desafortunadamente, por la limitada disponibilidad de recursos, no pudimos efectuar encuestas en barrios menos organizados, otro potencial grupo de control lógico.
Que sepamos, ha habido relativamente poca investigación sociológica en años recientes sobre la densidad de la sociedad civil en los barrios. Una excepción es Hawkins y Hansen (2006) cuya investigación de julio de 2004 se enfocó en los miembros de los círculos bolivarianos. Llegaron a la conclusión de que los miembros de estos Círculos tenían objetivos y métodos altamente democráticos; sin embargo, sus organizaciones eran expresión de un vínculo con Chávez altamente carismático. En otro lugar Hawkins y otros. (Hawkins, Rosas y Jonson, 2006) han sugerido que el patrocinio gubernamental ha jugado un papel importante en la generación de servicios y en las misiones en Venezuela. Nuestra investigación se dirige menos hacia el impacto del patrocinio gubernamental o actitudes hacia el presidente Chávez, pero también intenta aprender acerca de las actitudes hacia la democracia. Lo que presentamos a continuación no constituye un análisis acabado, ni siquiera una exploración exhaustiva de la información recogida, sino un primer adelanto que indica cómo los venezolanos comprometidos con la revolución bolivariana piensan con respecto a la democracia.

Pensando en la democracia en la Venezuela bolivariana
Existe suficiente evidencia proveniente de muestreos que indica que la mayoría de los venezolanos sigue considerando su país como democrático. La encuesta de Latinobarómetro de 2007, que cubre 1.200 venezolanos y es parte de una encuesta más general que abarca 20.234 latinoamericanos, encontró que los venezolanos ocuparon el segundo lugar en el continente (marginalmente superados por los uruguayos) en cuanto a su valorización de la democracia en su país. En estos dos países, 89% de los encuestados estaban de acuerdo en que “La democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno”; 76% de los venezolanos tenían confianza en que la democracia podría crear “las condiciones para la prosperidad”. Utilizando un índice combinado de preguntas relacionadas con la confidencia en la democracia, se registró una mejora, de 60% en 1998 justo antes de que Chávez ganara la presidencia a 70% en 2006. Este último registro, sin embargo, representó una caída con respecto al año 2005 cuando había llegado a un pico de 76%. Se podría pensar que la decisión de la oposición de boicotear las elecciones de diciembre a la Asamblea Nacional contribuyó con esta caída.

La confianza en la democracia venezolana
Preguntamos a los encuestados en nuestras comunidades de activistas: “¿Crees que en Venezuela hay democracia?”. Los resultados están presentados en el cuadro Nº 1. Insistimos una vez más en reiterar que los resultados son de dos muestreos de tamaños distintos, ninguno de los cuales puede considerarse representativo de la población en su conjunto. Como se observa, los resultados no difieren sustancialmente de aquellos de Latinobarómetro. Tampoco nos sorprende el hecho de que una proporción mayor de los residentes de los barrios considere que Venezuela es una democracia o que los residentes de las urbanizaciones estuvieran menos dispuestos a evaluar en términos positivos la labor de la Asamblea Nacional, dominada por los chavistas. Sin embargo, a sabiendas de que hay abundante documentación respecto a la actitud negativa frente a los políticos y frente al desempeño general del gobierno (distintas a las que evalúan a Chávez mismo), esperábamos menos evaluaciones positivas de la labor de la Asamblea Nacional en los barrios. Nuestras expectativas se confirmaron en el caso de las urbanizaciones, donde solamente uno en cada cinco (20%) consideraba “buena” la labor de la Asamblea Nacional y menos de 40% consideraba que trabajaba en beneficio del país. Sin embargo, en el caso de los barrios, las evaluaciones eran mejores de lo que esperábamos: 45% expresaba aprobación de la labor de la Asamblea Nacional y casi dos terceras partes consideraban que trabajaba en beneficio del país (ver cuadro Nº 2).

cuadro 1 y 2

Sobre esta base, podemos concluir con cierta confianza que, incluso tan tardíamente como 2007, una mayoría de venezolanos todavía consideraba la democracia su forma de gobierno preferida. Por otro lado, ha sido poca la investigación sobre la manera en que los venezolanos conciben esa democracia. Nuestra data no alcanza para hacer generalizaciones respecto a la población en su conjunto, pero sí nos permite proporcionar algunas pistas respecto a cómo pensaban quienes vivían en barrios de activistas en 2006.

¿Hasta qué punto tiene la población conocimiento de los programas chavistas en sus propios barrios?
Un punto de partida para nuestro análisis es simplemente el intento de calibrar hasta qué punto la población tienen conocimiento de la labor de las misiones y de los consejos en sus barrios, y cómo los evalúan. Preguntamos respecto a un número determinado de organizaciones identificadas con el movimiento político chavista y los programas de gobierno e invitamos a los encuestados a nombrar cualquier organización no incorporada a nuestra lista. Casi todos (95%) los residentes de los barrios conocían la misión Barrio Adentro funcionando en su comunidad. En un sentido, no resultó sorprendente porque las clínicas de salud son de los servicios más visibles y más apreciados. Sin embargo, vale la pena señalar que nuestra pregunta no era respecto a la clínica como tal, sino respecto al componente organizativo del programa, los Comités de Salud encargados de visitar los hogares para informar respecto a los servicios, llevar a cabo campañas educativas e identificar problemas. La mayoría de los encuestados en los barrios no solamente identificaban a los comités de Salud, sino evaluaban su labor de manera muy positiva. Casi las dos terceras partes (65%) consideraban que funcionaban bien y solamente 8% consideraba su labor “pobre”. Entre quienes había estado en contacto directo con su funcionamiento, las opiniones se dividían de manera pareja entre quienes lo consideraban “bueno” y los que optaban por el calificativo de “regular”.
Por vía de contraste, menos de uno en tres estaban conscientes de la labor de los Comités de Tierras Urbanas (CTU), encargados de hacer un censo de los hogares en el barrio, resolver disputas sobre cuestiones de propiedad y preparar el terreno para la regularización de los títulos de propiedad para las casas. Conocimiento de la actividad de otros comités eran aún más escasa, como en el caso de aquellos que enfrentaban los problemas del agua (19%), de nutrición (9%) y energía (13%). Las Unidades de Batalla Electoral (UBE), la organización chavista responsable por las campañas electorales, que podría proporcionar las bases para el nuevo PSUV, eran conocidas por 27% de los encuestados; 30% conocían los círculos bolivarianos, a pesar de que su presencia estaba muy disminuida en comparación con años anteriores. Un dato prometedor para las esperanzas del Presidente de modificar la geometría del Estado era que las dos terceras partes de los residentes conocían los consejos comunales.
Resulta algo difícil, con el tamaño de nuestra encuesta, sacar conclusiones respecto al nivel general de organización en cualquiera de los barrios; sin embargo, era llamativo que el estado Zulia mostraba niveles de conocimiento notablemente menores que en los casos de Caracas y Bolívar. Hay varias razones posibles para explicar esto. En primer lugar, el estado tiene una tradición regional distintiva, reforzada por su trayectoria como estado productor de petróleo (aunque más recientemente los campos de oriente lo han superado en producción). Segundo, Zulia es uno de los dos únicos estados cuya gobernación está en manos de la oposición. El gobernador Manuel Rosales, candidato presidencial para la oposición en 2006, desarrolló sus propios programas populistas para atraer apoyo. Tercero, los residentes urbanos del estado están profundamente divididos respecto a la manera como se trató a quienes participaron en la huelga que prácticamente paralizara a la industria petrolera en diciembre de 2002. También hay bastante malestar entre los defensores del ambiente a consecuencia de varios proyectos de desarrollo, pero sobre todo los mineros. Sea cual sea la explicación, los programas gubernamentales dedicados a promover la participación de la comunidad tienen raíces menos profundas que en el resto del país, precisamente en el estado con mayor población.
Como era de esperar, los tipos de comités asociados con el bolivarianismo en los barrios son menos conocidos en las urbanizaciones. Sin embargo, en estas comunidades (también seleccionadas por su activismo), casi nueve de cada diez (88%) sabían del funcionamiento de las Asociaciones de Vecinos (AV). Tal como en el caso de los consejos, las AV fueron creadas a consecuencia de un movimiento cívico buscando establecer organizaciones autónomas como alternativas a aquellas dominadas por los partidos durante el período del puntofijismo. Pero, a diferencia de los consejos, las AV no fueron concebidas como para reemplazar a los órganos municipales en algunas de sus funciones de gobierno. Muchas AV fueron cooptadas por los partidos, pero por lo menos en estas urbanizaciones más activas, seguían contando con un grado de confianza entre los residentes. Es más, casi una cuarta parte de los encuestados en las urbanizaciones tenían conocimiento del funcionamiento de un consejo comunal –tal vez una indicación de que los incentivos financieros para su formación fueron reconocidos por la clase media, y no solamente en los barrios pobres. La encuesta evidenció variaciones regionales significativas en cuanto a la organización de los sectores medios. En Puerto Ordaz, en el centro industrial de Ciudad Guayana, había una variedad de organizaciones que apenas existen en Caracas y Zulia. Esto sugiere que los venezolanos de clase media, aun cuando no ven con agrado la “nueva geometría del Estado”, son perfectamente capaces de organizarse para participar y ejercer influencia dentro de las nuevas estructuras del Estado.
De importancia particular para cualquier perspectiva de cambiar las estructuras del Estado son la evaluación que hacen los ciudadanos de los consejos comunales. De los 363 residentes de los barrios que sabían de la existencia de esta organización en su barrio, 56% tenían una opinión favorable respecto a su empeño. Sin embargo, otra vez hay variaciones significativas entre las regiones y los residentes de los barrios. En el estado Bolívar en su gran mayoría juzgaban su desempeño como solamente “regular”. Algunas de estas variaciones están relacionadas con la calidad del liderazgo local. Sondeos hechos en fecha cercana al referendo de diciembre de 2007 indicaban que la insatisfacción con los dirigentes locales contribuyó a la derrota, en particular a la alta abstención en regiones que habían otorgado a Chávez una amplia ventaja en las elecciones de diciembre de 2006.
Tomando en cuenta la aguda polarización en Venezuela respecto al desempeño de Chávez, un resultado sorprendente era la evaluación positiva de las Casas de Alimentación en las urbanizaciones. Casi la mitad de los encuestados consideraban su empeño “bueno” comparado con sólo 11% que lo consideraban “pobre”. En las dos urbanizaciones caraqueñas los niveles de aprobación fueron muy altos –95% en Cafetal y 79% en Montalbán. Esto nos sugiere que, mientras los residentes de urbanizaciones de clase media pudieran ver con suspicacia las organizaciones de una democracia participativa, podrían al mismo tiempo tener una actitud más favorable hacia programas gubernamentales que fortalecen el estado de bienestar. (De todas maneras, debe tomarse en cuenta el hecho de que se encuestaron solamente 55 personas en cada urbanización, es decir, 110 en total.)

¿Cuál es la densidad de la sociedad civil en los barrios organizados?

El hecho de conocer los programas da una medida de la penetración de los programas chavistas en estos barrios relativamente bien organizados, pero democracia directa o participativa exigiría altos niveles de involucramiento y compromiso cívico. De hecho, hay muchos que consideran cualquier esquema constitucional que contemple una democracia participativa poco realista, por cuanto supone una evaluación demasiado optimista respecto a la capacidad para, y el compromiso político hacia la participación, por parte de los ciudadanos. ¿Qué niveles de participación se han logrado, entonces, en estos barrios donde es de suponer que hay una experiencia y un compromiso por encima del promedio para el país?
Un punto de referencia que pudiéramos utilizar es una comparación con niveles de información y de participación en las asociaciones de vecinos en las urbanizaciones. En el cuadro Nº 2, pudimos apreciar que 88% de los residentes de las urbanizaciones tenían conocimiento de la existencia de una AV en su comunidad. Por supuesto, las tasas para participación eran notablemente menores. Las dos terceras partes (66%) de nuestros encuestados en estas urbanizaciones indicaron que no participaban en ninguna organización. La forma más común de participar era a través de una AV (más de uno de cada cuatro), más que dos veces que en el caso de cualquier otro tipo de organización (4% mencionó su participación en un consejo comunal).
La tasa de participación de los residentes de barrios en los consejos comunales era claramente menor que aquella registrada en las urbanizaciones para las AV. Sin embargo, en general, hay un porcentaje mayor de los residentes de los barrios que han sido movilizados porque hay que tomar en cuenta la importante participación en las misiones y otros movimientos u organizaciones, por ejemplo, los Comités de Salud, los Comités de Tierras Urbanas, las UBE, etc. (ver cuadro Nº 3). Entre quienes se identifican como participantes, más de la quinta parte dicen haber asumido un papel de dirigente, lo que significa que uno de cada nueve en la comunidad asume un papel de liderazgo en estas comunidades conocidas por su activismo. Dicho de otra manera, la tasa de no participación en las urbanizaciones resultó ser mucho más alta que en los barrios en donde solamente 44% decían que no participaban en ninguna organización.

cuadro n���º 3

La forma más común de participación en los barrios encuestados hasta agosto de 2006 era de lejos la que se hacía en los comités de salud de Barrio Adentro. Solamente las misiones educativas (Robinson I, Robinson II y la misión Rivas, proporcionando educación secundaria para adultos) incorporaron más gente en programas gubernamentales4. La mayor parte de esta participación era voluntaria. Solamente 32 de los encuestados señalaron que recibían un pago por su trabajo en la comunidad. De aquellos encuestados que se identificaban como dirigentes, apenas 12 (18,8%) dijeron que se les pagaba. Debemos calificar este resultado, sin embargo, señalando que no incluíamos a Mercal, el programa de alimentos subvencionados, por considerarlo un programa de subsidios directos, y porque no estaba relacionado con una movilización de la gente. Por esta razón, consideramos a Mercal como un programa de subvenciones directas y no como un programa de acción cívica. Mercal es posiblemente el programa más afectado por la corrupción y desde sus comienzos ha tenido como política pagar a quienes atiendan en los puntos de venta.

¿Cuáles de las características de la democracia son las que más importan a los participantes y cuáles menos?
Nuestra encuesta se estructuró de manera tal que dejaba la mayor flexibilidad posible para informar respecto a cuáles de las características de la democracia les importaban más a los encuestados. Pedimos que se seleccionaran las tres características de la democracia que más les importaban, de una lista de nueve. Posteriormente se les pidió que identificaran la más importante de todas y que señalaran cuál les parecía la menos importante. La hipótesis era que la más probable para residentes de las urbanizaciones serían las características procedimentales, identificables con la poliarquía o democracia liberal. Aun tomando en cuenta el desengaño generalizado respecto a los partidos políticos, esperábamos que en las comunidades de mayores ingresos, habría una mayor tendencia de valorar la competencia entre partidos y menos tentación de eliminarla. Por otro lado, pensábamos que en los barrios la competencia entre partidos tendría una valorización menor y anticipábamos que criterios relacionados con inclusión e igualdad social se sentirían como particularmente importantes. Los resultados están registrados en los cuadros 4, 5 y 6.

cuadro n���º 4cuadro n���º 5cuadro n���º 6

NB. A diferencia de los cuadros 4 y 5, un porcentaje relativamente alto se negó a contestar o “no sabía” cuál de las características eliminar
En general, nuestras expectativas resultaron realistas: la competencia entre los partidos es la característica menos nombrada entre las tres más importantes de la democracia y también figura como la característica considerada más prescindible (de lejos). Sin embargo, hay dos resultados algo sorprendentes y que nos sugieren que debemos matizar cualquier tentación de concluir que los venezolanos simplemente rechazan a los partidos por inútiles. Primero, 5% de residentes de las urbanizaciones y el 73% de los de los barrios expresaron su simpatía por algún partido (“ninguno” era una opción contemplada)5. Segundo, aun cuando, en efecto, la competencia entre partidos era la característica eliminada con mayor frecuencia, en los barrios menos de la mitad de los encuestados la eligieron6. Es más, aun cuando ningún encuestado se negó a responder a la pregunta sobre la característica más importante, más de la tercera parte de los residentes de los barrios se negaba a eliminar una característica.
Aun en las comunidades más activas, entonces, los venezolanos se muestran renuentes a descartar a los partidos, por mucha desconfianza que les tengan. Tal vez, este descubrimiento no significa más que el hecho de que “la familiaridad lleva al desprecio”. Más probable es que los venezolanos todavía sientan que una identificación con un partido es útil o hasta necesario para conseguir el acceso a recursos. Desde una perspectiva más optimista, tal vez están convencidos de que los partidos siguen siendo vehículos de influencia política de relevancia para definir el rumbo de su país. Membresía de un partido puede ser complementaria, y hasta un aporte para el proyecto de democracia protagónica.

Inclusión
Mi hipótesis era que los residentes de los barrios estarían más dispuestos a otorgar preferencia a criterios relacionados con una igualdad sustantiva e inclusiva, mientras que los residentes de urbanizaciones tendrían mayor probabilidad de preferir derechos procedimentales asociados con la democracia liberal. Como respaldo a esta hipótesis, en efecto, los residentes de los barrios sí elegían la “garantía de los derechos a salud y educación”, incluyendo a “todos los sectores” en el sistema de derechos, y en la necesidad de responder a las necesidades de los pobres, más que en el caso de sus contrapartes en las urbanizaciones. Además, fue notable cómo “la libertad de expresión para los medios” fue elegida con mucha menos frecuencia en los barrios que en las urbanizaciones, tal vez un reflejo de la rabia que persiste por el papel de los medios en los intentos de tumbar al gobierno entre 2001 y 2003. Por otro lado, solamente 1,7% de los encuestados en las urbanizaciones optaron por eliminar derechos iguales para “todos los sectores sociales”. Aparentemente, la necesidad de una inclusión social también está presente en las urbanizaciones. Un porcentaje alto de los encuestados en las urbanizaciones (43), incluían a las garantías de salud y educación como prioridades, y su eliminación o la eliminación de la necesidad de responder a las necesidades de los pobres tuvo un registro mínimo.
Hasta qué punto siguen siendo tolerantes los venezolanos después de ocho años de polarización política acentuada?
Los encuestados, tanto de los barrios como de las urbanizaciones, mostraron un grado de tolerancia notable para con la norma liberal de libertad de palabra. En los barrios, 97% respondieron favorablemente a la sugerencia de que “todos” tenían ese derecho. Cuando se les preguntaba sobre el derecho que les tocaba a los miembros de la oposición para participar, 75% estaba de acuerdo en que participaran en las reuniones de la comunidad. Casi todos los residentes de las urbanizaciones estaban de acuerdo en que “todos” debieran participar en las reuniones de la comunidad y el porcentaje aumentó cuando se les preguntaba específicamente si esto incluía a quienes apoyaban al gobierno (98,7%) (ver cuadro Nº 7)

cuadro n���º 7

Las respuestas eran bastante parecidas, tratándose de chavistas, anti-chavistas o ni-ni (ver cuadro Nº 8). Más de 95% de los encuestados de las tres categorías estuvieron de acuerdo en que todos debieran opinar en una reunión de la comunidad. Cuando se les preguntaban a chavistas específicamente si se debiera permitir que un miembro de la oposición opinara, casi cuatro de cada cinco respondieron “siempre”. Entre los opositores al gobierno, el porcentaje registrado fue lo mismo.

cuadro n���º 8

¿Quiénes deben manejar la economía?
La cuestión del socialismo era un elemento clave en el referendo constitucional de 2007. La oposición sostuvo que la revisión de cláusulas relacionadas con la propiedad privada amenazaba al mismo derecho a la propiedad privada. La mayor parte de las reformas propuestas, sin embargo, tenían como objetivo no abolir la propiedad privada, sino institucionalizar otras formas de propiedad que sirvieran para favorecer una democracia económica, incluyendo esquemas para una democracia obrera.
El movimiento laboral está profundamente dividido sobre el problema de su organización interna y sobre cómo responder frente a algunas de las iniciativas relacionadas con los proyectos de desarrollo endógeno. Uno de estos proyectos plantea la implementación de la cogestión, que significa que el capital y el trabajo comparten el manejo y la gestión de una empresa. Esto se ha propuesto sobre todo en los casos donde el gobierno ha renacionalizado empresas, o que las haya expropiado porque sus dueños las habían cerrado. En estos casos, los trabajadores reciben 49% de los activos, quedando el resto al Estado. Muy a menudo, el Estado aporta inversiones importantes de capital. Se supone que las ganancias de la empresa abrirían, en el futuro, la posibilidad de que se le compre al Estado sus acciones, para transformar a la empresa en una perteneciente a los trabajadores y manejada por ellos.
Se les pidió a nuestros encuestados indicar sus preferencias entre cuatro modelos distintos de manejo de las empresas –por una gerencia profesional elegida dentro de la empresa (por ejemplo, por los accionistas o por el sistema de promociones internas en empresas en manos del Estado), por una gerencia nombrada por el Presidente (como en el caso de Pdvsa y otras empresas del Estado), por un sistema de cogestión, o por la auto-gestión, lo que significaría un control total por parte de los trabajadores. Los cinco casos sometidos a consideración fueron:
+ Alcasa – Una empresa de aluminio perteneciente al Estado, ubicada en Cuidad Guayana, notoria por su corrupción y sus pérdidas crónicas, donde se aplicó el sistema de cogestión a comienzos de 2005. El encargado de aplicar el nuevo esquema era Carlos Lanz, sociólogo y anteriormente dirigente de la guerrilla.
+ Pdvsa – Petróleos de Venezuela, la empresa petrolera estatal. El nombramiento de directivos inaceptables para los quienes en la empresa habían iniciado la apertura petrolera de los años 90, fue lo que provocó las luchas que culminaron en el intento de golpe de abril de 2002 y el paro de diciembre del mismo año. Hay corrientes radicales dentro de la empresa que sostienen que, después del papel que jugaron en la derrota del sabotaje patronal, debieran ser los mismos trabajadores quienes controlen la empresa.
+ POLAR – Uno de los más grandes y más conocidos grupos económicos del país, conocido sobre todo por su cerveza, pero también controla empresas comerciales y de la agroindustria.
+ Venepal – En enero de 2005, el gobierno invirtió unos 14 millones de dólares para reiniciar la producción de esta empresa de papel que se había cerrado a partir de la huelga de 2002, había estado ocupada por sus trabajadores y declarada en bancarrota por los dueños en julio de 2003.
+ “Una fábrica textil”. Una pregunta que tenía como propósito indagar respecto a los sentimientos más generalizados frente a un sector industrial importante que, además, se caracterizaba por frecuentes conflictos laborales.
Tal como se puede apreciar en el cuadro Nº 9, los residentes de los barrios estaban más dispuestos que sus homólogos de las urbanizaciones a preferir alguna forma de participación obrera en el control de la empresa en lugar de un control totalmente en manos de ejecutivos profesionales. Sin embargo, no todas las formas alternativas de participación contaban con el mismo grado de apoyo. Las variaciones parecen responder menos al estatus de la empresa, como pública o privada, y más a la naturaleza de la empresa. En relación con el sector privado, una mayoría bastante amplia de los residentes de los barrios favorecían algún control obrero, sea completo o compartido, en los casos de papel y textiles, pero menos de la mitad eran partidarios de una participación obrera en el caso de las Empresas Polar. Esta diferencia podría ser consecuencia del hecho de que en los dos primeros sectores los conflictos laborales son muy visibles y notorios. Podríamos especular también que imponer autogestión o cogestión en el caso de Polar llevaría a una acentuación de conflictos de clase en una empresa muy conocida debido a sus cuñas comerciales. En 2008, la Polar estuvo involucrada en un conflicto político cuando algunos miembros del gobierno la acusaron de acaparar mercancía para provocar un desabastecimiento artificial. Investigaciones futuras podrían explorar la posibilidad de que actitudes cambien a consecuencia de un conflicto político sobre política económica y la disponibilidad y precio de los alimentos básicos.
En cuanto a las empresas en manos del Estado, los encuestados de los barrios parecen mucho menos dispuestos a contemplar la autogestión o cogestión en el caso de Pdvsa que en el caso de Alcasa. Podríamos especular que la preferencia expresada para mantener en manos del Presidente de la República el nombramiento de los ejecutivos de Pdvsa, es un reconocimiento del papel crucial que cumple la empresa petrolera en la economía venezolana. Perecen rechazar cualquier control por una gerencia profesional, por una llamada meritocracia independiente del Estado. Por vía de contraste, en las urbanizaciones, tres de cada seis encuestados opinaban que PDVSA debiera estar bajo el control de “sus propios profesionales eficientes”. Sin embargo, los residentes de los barrios (con la excepción de aquellos de Zulia, ver más adelante) no están dispuestos dejar a sus obreros con el control de una industria de tanta importancia. Cualquier sistema socialista tendría que encontrar una fórmula capaz de reconciliar democracia obrera con la responsabilidad hacia la sociedad en su conjunto.
En las urbanizaciones, los encuestados estaban más dispuestos a optar por la forma tradicional de gerencia asociada con el capitalismo, especialmente en los casos de Pdvsa y Polar. Por supuesto, tratándose de áreas residenciales donde suelen ubicarse profesionales y gerentes, esperaríamos menos apoyo para esquemas de participación obrera. Sin embargo, vale la pena señalar que entre la tercera parte y la mitad de los encuestados estaban dispuestos a contemplar esta opción, sobre todo la alternativa de cogestión.
Tanto en las urbanizaciones como en los barrios, encontramos poco apoyo para la autogestión. En Venezuela, la cogestión fue propuesta por primera vez por la tradicional Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), muy influenciada por la experiencia socialdemócrata alemana. Tal como apuntamos antes, Chávez visualiza la cogestión más bien en términos de transición, como una etapa de preparación para un control obrero. Aun cuando se pudiera argumentar que, visto así, el apoyo a la cogestión significa favorecer una eventual autogestión, pensamos más bien que los venezolanos están renuentes a abolir la propiedad privada y una gerencia profesional. Esta renuencia se destaca particularmente entre los encuestados que se identifican como progobierno. Entre éstos, hay un mayor apoyo para la cogestión pero solamente una pequeña minoría aprueba la autogestión. Y para la crucial industria petrolera, son más los que optan por una gerencia profesional.
El cuadro Nº 10 indica que hay una gran variación en actitudes en torno al control de las empresas, no solamente dependiendo del tipo de empresa, sino también de la región. En términos generales, los encuestados de los barrios caraqueños estuvieron más dispuestos a favorecer la cogestión, especialmente para la Polar y las empresas textiles (en su mayoría en manos privados). Desafortunadamente, nuestra encuesta no abarcó el valle centro-occidental, ni las ciudades de Maracay, Valencia y Barquisimeto, donde se encuentra la mayor concentración de manufactura ligera (textiles, papel, agroindustria, etc.).
Lo único que encontramos reflejado en todas las regiones independientemente del tipo de empresa, sin mayores variaciones, es el muy reducido apoyo para la autogestión. Aquí, la excepción es el estado Bolívar, donde 35,3% de los residentes de los barrios apoyan la autogestión –pero para el sector textil y no para Alcasa, una de las industrias más grandes en el Estado. Para Alcasa los encuestados ni siquiera optaron preferentemente por un esquema de cogestión, sino por una u otra de las dos más tradicionales formas de gerencia. Para entender esta respuesta, debe tomarse en cuenta que el estado Bolívar ha sido testigo de una considerable violencia laboral en años recientes y tiene una larga tradición de relaciones entre la gerencia y los sindicatos marcadas por la corrupción. A inicios de los 70, Ciudad Guayana era la cuna del movimiento obrero más radical del país. Anotamos antes que Chávez nombró como presidente de Alcasa a Carlos Lanz, un conocido izquierdista. Sin embargo, aparentemente no se ha logrado mayor aceptación en la región para el esquema de transición preferido por el gobierno.
Por otro lado, una mayoría de los residentes de los barrios en Zulia apoyan la participación obrera (auto más que cogestión) para Pdvsa. Por supuesto, Zulia fue testigo de las luchas clasistas más encarnizadas durante el paro y sabotaje petrolero de 2002-2003. No solamente estaba en juego el futuro del proyecto chavista; del desenlace del conflicto dependían las carreras o el trabajo de muchos y la solidez de los vínculos de amistad y familiares fueron sujetos a tensiones particularmente fuertes. Fueron meses de guerra de clases, no de simple conflicto. Simples obreros se encontraban encargados de tareas inéditas que se suponían de la exclusiva competencia de los gerentes, profesionales o técnicos (Pdvsa, 2004). En consecuencia, no debe sorprender que en los barrios y entre chavistas se encuentren mucho más apoyos para un control obrero y mayor confianza en la capacidad de los obreros de hacer funcionar a la empresa.
Debemos ser cuidadosos de no llegar a conclusiones definitivas respecto al nivel de apoyo para las políticas chavistas en estas regiones. Para cualquiera de las tres regiones, la muestra es muy pequeña, y el margen de error sustancial. Además, los encuestados eran residentes de barrios y no obreros. Sin embargo, todos los barrios elegidos para este análisis son conocidos por su historia de organización, lo que habría inducido una predisposición mayor hacia los esquemas de participación.

cuadro n���º 9cuadro n���º 10

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