Notas sobre el libro
Comprender Venezuela, pensar la democracia. El colapso moral de los intelectuales de occidente
De Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Zahonero (2006). Editado por El Perro y la Rana. Caracas, Venezuela.

“No puede haber hoy quien pretenda con razón que deben haber clases ignorantes y pobres”
Simón Rodríguez

“En una sociedad que no está edificada con palabras y con medios políticos sino con euros y medios económicos, la libertad, por muy absoluta que se pretenda, no tiene capacidad para poner nada en libertad”

"...la amenaza más peligrosa se produce cuando los grupos izquiredistas "renuncian al uso de la violencia" y se implican en el proceso democrático"

C. F. L y L. A. Z

“Walter Benjamin (…) pone el acento sobre el papel fundador de juricidad de la violencia de las masas, y el temor que ello despierta en el poder (no por la violencia misma, sino por la posibilidad de generar otro poder”
Eduardo Grüner. El fin de las pequeña historias

En el enmarañado paisaje de las definiciones, ésta que nos ofrecen Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Zahonero en Comprender Venezuela, Pensar la democracia, sobre el Socialismo del Siglo XXI, es de una tentadora sencillez. Es de ese tipo de respuesta (sobre el socialismo “a la venezolana”, respuesta que muchos quieren embrollada para que no responda, no aclare ni despeje) cuya obviedad (y por eso acaso su invisibilidad) debía reducir a los comentaristas, a los opinadores, a las estrellas de televisión de nuestra política, por lo menos, a un breve y modesto silencio, no importa que luego lo espanten con más arduos y retorcidos espantajos, apelando al socialismo real, al científico, a lo inédito del proceso (fórmula retórica cada vez más vacía), a las teorías del valor que requieren de sofisticados ordenadores para calcular lo incalculable. No. La respuesta que dan Fernández Liria y Alegre Zahonero brilla por su sencillez y larga y dolorosa historia: de socialismo hablamos, dicen, cada vez que se intenta poner las cosas a derecho, cuando se logra que las leyes dirijan el curso de las cosas, cuando la razón gobierna y no los privilegios: “El Socialismo del Siglo XXI consiste, ante todo, en tomarse el proyecto ilustrado muy en serio e intentar que, por primera vez quizá en la Historia de la Humanidad, se realice hasta el final” (97). Por otra parte, advierten, si se renuncia al Derecho, si se instituyen o generalizan vías de hecho “en nombre de la eficacia contra el capital, es casi seguro que algún particular intentará ocupar el lugar de las leyes y no habrá ya medio de impedirlo” (105-106).

Es una ventaja histórica, qué duda cabe, el hecho de que haya un “Presidente que se empeña en que las leyes las deciden los ciudadanos”, como atestiguan las elecciones que nos llevaron al marco legal que hoy existe, el único que hemos tenido los venezolanos –y el único con posibilidades ciertas de triunfo, por eso según los autores la atención mundial y los desafueros de la oposición nacional e internacional- que garantiza corregir legalmente las malas leyes. Pero esta posibilidad y la garantía de su cumplimiento es, ciertamente, posible en el marco de la Revolución Bolivariana, “garantía –precisan- de que se van a respetar las decisiones de los ciudadanos” (89), como ocurrió recientemente con los resultados –adversos aunque por muy escaso margen- en el referéndum por la Reforma Constitucional.

Intentan Fernández y Alegre redefinir el famoso y tan mentado Estado de Derecho. No se trata, advierten, de “superar el derecho burgués”: los intentos de “ir más allá del derecho”, ensayados por el fascismo y el comunismo, terminaron “empantanados en un asfixiante más acá en el que era imposible la ciudadanía” (21). Sobre el “hombre nuevo” afirman, con razón, que se trata de uno de “los capítulos más siniestros de la historia del llamado “socialismo real” (21), porque en efecto, el “verdadero hombre nuevo, incesantemente anhelado por las tradiciones comunistas, no es otro, después de todo, que el ciudadano ilustrado de toda la vida” (22-23). Dicen más: “El protagonista de la sociedad comunista del futuro puede y debe ser el ciudadano exigido por el proyecto político de la Ilustración” (47), partícipe de esa “especie de milagro por el que los papeles, las palabras, en definitiva, el logos, consigue ponerse manos a la obra y colocar ladrillo sobre ladrillo hasta que se edifica una casa…” (73).

De lo que se trata, pues, para llegar al Estado de Derecho o “derecho a secas” es de “arrancar de las manos de las burguesías el control del espacio de la ciudadanía” (23), y para ello se precisa una revolución toda vez que bajo condiciones capitalistas de producción la ciudadanía es imposible, como incompatible la democracia con el capitalismo. ¿Pero ciertamente se precisa una revolución para “conseguir lo más normal del mundo” (23)? Se preguntan, y se responden: “…bajo condiciones capitalistas de producción, eso de tener un “Estado de Derecho normal” es algo que exige precisamente una revolución (…) claro, siempre que hablemos de un verdadero Estado de Derecho y no de una estafa a la que solemos referirnos con el mismo nombre (estafa a la que hemos denominado “ilusión de ciudadanía”) y que consiste, como hemos explicado ya, en esa situación en la que las leyes son tan sumisas al mandato de los poderosos, se adaptan a él con tal obediencia y precisión que, al resultar ambos idénticos, puede incluso parecer que son las leyes (en vez del mandato de los poderosos) las que han configurado efectivamente la realidad” (78-79). Dicen más: por Estado de Derecho nos vendieron, medios e intelectuales, una vasta “ilusión de ciudadanía”.
El modo capitalista de producción, y por ende su incompatibilidad con la democracia y la construcción de la ciudadanía “depende por entero de que la población le vaya la vida en encontrar un trabajo asalariado y, por lo tanto, lo busque desesperadamente” (104), desesperación que la llevará la mayor de las veces sin darse cuenta (ceguera que alimentan y robustecen los medios y la educación) a naturalizar (aceptar sin cuestionamientos, y mejor sin extrañeza) la dominación y la exclusión. Fernández Liria y Alegre Zahonero entenderán que existe Estado de Derecho cuando existe un marco legal que permite “corregir legalmente las malas leyes” (29).

Ante las leyes no queda otra sino obedecer o persuadir, no patear la mesa, no la política de las cañoneras y el garrote. Obedecer o persuadir, argumentar y contraargumentar, fue según los investigadores españoles el proyecto de la Ilustración, ello con el fin de erradicar “la violencia en el ámbito de la vida política”, y por tanto, someter el “poder a la ley” (28-29). Entre el “vacío inhumano del mercado” y la “densidad demasiado humana de las sociedades cerradas”, la Ilustración “ha depositado en los sentimientos universales de Humanidad, Fraternidad y Solidaridad, todas sus esperanzas de conseguir fraguar, precisamente, sociedades de ciudadanos” (100).
Pero este proyecto, eminentemente político, ha sido avasallado por el poder económico, por la “mano invisible” del mercado, que supo convencer o persuadir a los remisos de las ventajas del liberalismo, como aconteció, para poner una fecha olvidadiza, en 1864, cuando el capital inglés consiguió aliados en Brasil, Argentina y Uruguay para destruir Paraguay en lo que se conoce en los anales de la ignominia como la “Guerra de la Triple Alianza”. El capitalismo no está dispuesto, y el siglo XX es harto testigo de ello, “a aceptar correcciones de leyes que afecten al capitalismo” (36), y por supuesto, actitudes, políticas, programas, que pongan por delante los intereses y necesidades de las mayorías antes que los privilegios de los minorías. Estos privilegios son imposibles de defender en una “discusión cívica” señalan los autores, antes bien precisan de una guerra civil y “hacen lo que sea por intentar desencadenarla” (93). La ley cuando se ajusta a la razón “no se convence ante los privilegios” (75), ni ante la fuerza. “Los privilegios, ciertamente, pueden darse de hecho, pero jamás podrán convencer al derecho” (74).

No pueden poner, dicen Fernández y Alegre, “ni un solo ejemplo de una victoria electoral anticapitalista que no haya sido seguida de un golpe de Estado o de una interrupción violenta del orden democrático” (38).
Esta intemperancia del poder económico (y por supuesto militar) avalado por una caterva de intelectuales vendidos al poder y por medios propaladores del liberalismo, torna una estafa el Estado de Derecho, que existe sólo cuando puede amparar a la población cuando ésta decida (si lo decide, si le da la gana) “cambiar el estado de cosas existente” (53), sin sufrir como Panamá, como Grenada, como tantas veces y hoy Haití una invasión militar; es decir, cuando “el derecho obra sobre la realidad” (54).
El Estado de Derecho debe ser construcción, pues, del derecho, y no de la historia. No existe Estado de Derecho cuando el margen de acción política es “irrisorio” (59), cuando el mercado y sus leyes están por encima de la población y sus necesidades o cuando los argumentos económicos “tienen la última palabra” (61). No existirá, mientras los parlamentos estén secuestrados por los ministerios de economía, toda vez que los beneficios capitalistas no tienen en absoluto la necesidad o el interés de “coincidir con las necesidades sociales” (102).

Con Polanyi nos recuerdan los autores que las “sociedades que han sobrevivido lo han hecho precisamente a base de defenderse del mercado y no de profundizar en él” (98). Mas acaso lo esencial consista en que la propiedad privada –tan defendida por los propietarios (que defienden menos lo que tienen que el sistema que garantiza el derecho exclusivo de poder tener- “está abolida para las nueve décimas partes” (101) de los miembros de la sociedad.
Y como nos dicen Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Zahonero, sin propiedad, no sólo de los medios de producción, sino de hasta la propia identidad, además sin tierras ni vivienda, sin educación ni salud, sin voz ni rostro [se precisan “sujetos” de derecho, con un cuerpo que es el soporte de todos los derechos amén de condiciones materiales (comida, ropa, vivienda, salud… etc.) “para el ejercicio de cualquier derecho” (84)], aspectos que el gobierno bolivariano ha ido cubriendo pese a la campaña desestabilizadora, con golpe de Estado incluido y tres meses de sabotaje a la mayor industria del país, con medios de comunicación terroristas, con boicot en la producción y distribución de alimentos, perpetrados por una oposición nacional, aplaudida y alentada por capital y figurines extranjeros. Cuando, en fin, de lo único de que se es propietario es de la “propia capacidad de trabajar para otro” (103), la ciudadanía es poco menos que una ilusión, es una estafa.